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lunes, 28 de julio de 2014

INFORME JURIDICO-HISTORICO SOBRE EL INFANTADO DE ESPAÑA


















A la atención de Don Jaime Peñafiel



            El título de Infante de España es prerrogativa por derecho legítimo de nacimiento de los hijos del Rey y de los hijos del Príncipe –o princesa- heredero de la Corona. Los hijos de los Infantes –nietos, por consiguiente, del Rey- no poseen más que la cortés consideración de “grandes de España” sin que ello dé origen a un tratamiento distinto del de excelencia.

            El Rey puede agraciar con la dignidad de Infante de España[1] a aquellas personas, normalmente de su familia, que juzgue[2] dignas de tal merced por la concurrencia de circunstancias excepcionales. Estas personas forman la categoría de “infantes de gracia” y todos los infantes tienen el tratamiento[3] de “altezas reales” y con total autenticidad en prelación los hijos de rey.

            El origen cierto del Infantado de España[4], lo tiene en la palabra latina que significa “niño” y se dio en llamar así desde épocas medievales a los príncipes de los reinos peninsulares para significar que, más que nadie, debían estar sujetos a la voluntad del Rey y ser sus primeros servidores. Hoy existe otra dinastía que también llama infantes a sus príncipes, es la portuguesa.

            El Infante heredero tomó el título de príncipe, que procede del vocablo latino princeps o primun caput, es decir. “el principal”, “el primero”. Se trataba de distinguir claramente, de alguna manera, al presunto sucesor, respondiendo a la jerarquía cronológica que de manera natural se establecen las monarquías hereditarias.

            En 1388, Juan I de Castilla instituyó el principado a favor de su hijo, el futuro Enrique III, a semejanza del principado de Gales, que ya ostentaban los herederos de Inglaterra. Desde entonces pasó a llamarse Príncipe de Asturias el inmediato sucesor de la Corona de Castilla, tomando su nombre en honor de la región peninsular que había visto nacer la Reconquista.

            Curiosamente la costumbre de reservar un título específico a los herederos presuntivos se introdujo también en los restantes estados de la península aproximadamente por los mismos años. En 1351, Pedro IV de Aragón había ya designado duque de Girona a su hijo, el futuro Juan I. En 1414 otro monarca, Fernando I, elevo dicho ducado a la categoría de principado. Los títulos de Duque de Montblanc, Conde de Cervera y Señor de Balaguer correspondían igualmente a los herederos de la Corona catalano-aragonesa.

            En Navarra, el principado de Viana  fue creado en 1423 por Carlos III el Noble para su nieto del mismo nombre, de infortunado destino.

            Al convertirse en heredero de la Corona española, Felipe VI asumió entonces, de hecho, los títulos inherentes a su anterior rango, aunque hasta la abdicación o renuncia de su abuelo el Conde de Barcelona, no los usase en derecho de la dinastía.

            La Constitución española de 1978 ha consagrado la tradición señalando en su artículo 57.2 que: “el Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias Y LOS DEMÁS TÍTULOS VINCULADOS TRADICIONALMENTE AL SUCESOR DE LA CORONA”.

            Don Juan de Borbón, al efectuar su renuncia dinástica, expresó su deseo de conservar –“como hasta ahora” decía- el título de Conde de Barcelona. El  Rey se lo permitió, aunque ciertamente resultó muy incongruente, puesto que el Condado de Barcelona es un título de soberanía de los reyes de España (tanto como decir “Rey de Castilla” o “Rey de Navarra”) Pero, así se hizo. Quiero creer que Don Juan Carlos I deseó honrar a su padre con esta extraordinaria merced, que lo mantuvo simbólicamente como soberano abdicatario. Un gesto “Real”, indudablemente de gratitud como guardián y custodio de los derechos dinásticos entre las fechas históricas de la abdicación de su padre acaecida el 15 de enero de 1941  hasta el 28 de febrero de ese año cuando se produce la muerte de Alfonso XIII en Roma - hasta la proclamación de su hijo como Rey en las Cortes acaecida el 22/XI/1975. Valido pero ilícito a todas luces, pues si la renuncia tuvo efecto, era en su totalidad y no en su parcialidad.

            En definitiva es incompatible el Infantado de España, sin el tratamiento de Alteza Real. No existe un solo hijo de Rey o familiar directo agraciado con esta dignidad, que por su propia decisión no hubiera querido ser tratado como tal, ni que le fuera impedido utilizarlo. Si es cierto, de la rara y curiosa circunstancia de un solo caso en la historia, en el que S.M. el Rey de España don Alfonso XIII, retirase y desposeyera el Infantado de España “de gracia” a un familiar. Don Alfonso de Borbón y Austria  le privó legalmente de su titulo de Infante de España al hijo menor de los Infantes Don Antonio y Doña Eulalia, al  llamado “adonis sin freno” S.A.R. Don Luis de Orleans y Borbón. Aquel turbulento escándalo es bien conocido en la doliente historia borbónica.

            Una vez expuesto este asunto sobre el Infantado de España, conviene diferenciar claramente, haciendo valer a quienes lo ignoren, que es totalmente irrenunciable el titulo de Infante de España para los hijos de Rey[5]. Un monarca no tiene autoridad ni Constitucional, ni Real, ni dinástica -aunque sea el propio Jefe de la Casa Real- para desposeer en forma alguna de esta dignidad, a un Infante nacido hijo de Rey. Sea hijo propio o de su antecesor en la Corona. Tampoco para nombrarlo por Real Decreto a propia iniciativa. Lo es legítimamente de derecho y de hecho por nacimiento,  y vitaliciamente hasta su muerte. Incluso el propio Infante o Infanta no puede ser conminado ni por fuerza, coacción, ni por iniciativa propia a renuncia alguna, a un derecho inherente por nacimiento como hijo de su progenitor el Rey o la Reina.

Sin embargo los Infantes de España “de Gracia” nombrados a “golpe” de Real Decreto, pueden ser anulados, invalidados, retirados, desposeídos de este privilegio por el propio Rey, o en su defecto por las Cortes Españolas, o incluso por un Estado Republicano, a golpe de Decreto o Real Decreto.

           

EL CASO DE LAS CUATRO INFANTAS DE ESPAÑA

Considerando que Don Juan de Borbón fue heredero de los DERECHOS DINASTICOS, incluso un mes antes de la muerte de su padre ocurrida el 28 de febrero de 1941, así como por refrendo del testamento de S.M. el Rey Don Alfonso XIII, y otras leyes históricas y dinásticas de la Casa Borbón española, como REY DE DERECHO pero nunca de HECHO, al no ser éste PROCLAMADO como Rey en las Cortes Españolas. Sus hijos e hijas, así como el futuro heredero al trono –Don Juan Carlos- , eran INFANTES DE ESPAÑA como hijos del legitimo sucesor y titular de la CORONA ESPAÑOLA en el exilio.

Así se les mantuvo y consideró como INFANTES DE ESPAÑA incluso por el régimen del general Franco, constituido el Estado Español en 1947 como REINO. Hasta que Don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975, a tenor de las Leyes Fundamentales y ORGANICAS del REINO de ESPAÑA, y con el consiguiente refrendo de sancionarse la CARTA MAGNA en 1978. Aún así, por consejo personal del Conde Barcelona[6] a su propio hijo el Rey Don Juan Carlos, se estudió y preparó minuciosamente un REAL DECRETO que “regularizara y delimitara” de modo tajante y firme así como  definitivo, todos los títulos de la CASA REAL.  Y como tal el de INFANTE de ESPAÑA, y otras “cuestiones” relativas directamente a la Familia Real que al propio Don Juan, le habían traído de cabeza cuando era titular y depositario de los DERECHOS DINASTICOS en su exilio.  Evitando en el futuro al Rey cualquier eventual “adversidad” de derecho dinástico, intrusismos, equívocos, o proceder indebidamente contra los DERECHOS HISTORICOS o DINASTICOS de la Familia Real reinante.
EL REAL DECRETO pasó a denominarse REGIMEN DE TÍTULOS Y TRATAMIENTOS Y HONORES DE LA FAMILIA REAL Y DE LOS REGENTES siendo elevado a propuesta del Ministerio de Justicia, por Real Decreto 1216/1987 de 6 de noviembre (BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 1987[7].

Los título de las hermanas del Rey, fueron “regularizados y legalizados” por el referido Real Decreto 1216/1987, así como el de las hijas de Don Juan Carlos y de Don Felipe. 
En base a lo anteriormente expuesto:

1ª DOÑA CRISTINA ES INFANTA DE ESPAÑA. SU TITULO DE INFANTA ES IRRENUCIABLE POR DERECHO HISTORICO Y DE NACIMIENTO.

2ª NINGUN PODER REAL, ESTATAL, JUDICIAL, PÚBLICO NI PRIVADO PUEDE INDUCIR, PROMOVER, PRIVAR O DETRAER EN MODO LEGÍTIMO EL TITULO DE INFANTA DE ESPAÑA, NI A DOÑA CRISTINA NI A NIGUN INFANTE. SUS DERECHOS SON IRRENUNCIABLES COMO HIJA DE UN MONARCA ESPAÑOL.

3ª DOÑA CRISTINA PUEDE RENUNCIAR PARA SÍ A SUS EVENTUALES DERECHOS A LA SUCESIÓN A SU CORONA. SI ASÍ FUERA LE AFECTARÍA DIRECTAMENTE A ELLA, NUNCA A SUS HIJOS O A SU PROGENIE.

4ª PUEDE SER DESPOSEIDA POR SU PADRE TAN SOLO DEL TÍTULO DE DUQUESA DE PALMA DE MALLORCA (Concedido por Real Decreto 1502/1997). TAMBIEN PUEDE RENUCIAR POR SI MISMA AL REFERIDO TITULO.

  ESA RENUNCIA IMPLICA TAMBIEN SU ASIGNACION ECONOMICA DE REPRESENTACION RECIBIDA DE LA CASA REAL.

             




           



José Liberto López de la Franca y Gallego
Presidente Real Instituto Alfonso XIII


[1] Este modismo incorporado por Isabel II y secundado por Alfonso XIII, ha sido cuestionado por historiadores que ven en el mismo una desnaturalización jurídica del título, al someterlo al capricho del rey, cuando desde tiempos de Alfonso X El Sabio, se ha respetado meticulosamente la naturaleza integra del infantado, reservado exclusivamente a los hijos del mismo. Puede decirse que estos nombramientos son en toda forma validos pero ilícitos.
[2] Algunos de los nombramientos fueron firmados por la Reina María Cristina, por Real Decreto de 8 de febrero de 1901 publicado en la Gaceta de Madrid, nombrando Infante de España a Carlos de Borbón y Borbón, abuelo paterno de S.M. el Rey Juan Carlos I.
[3]  Es interesante como S.M. el Rey don Alfonso XIII,  firma un Real Decreto en San Sebastián  con fecha de 3 de agosto de 1908, en el que dispone que los hijos que nazcan del matrimonio  de sus primos Carlos de Borbón y Borbón y  María Luisa de Francia y Orleáns,  se les dará el tratamiento de Alteza Real y se le tributarán y guardaran iguales honores, preeminencias y distinciones que á los Infantes de España, á quienes seguirán inmediatamente en el orden jerárquico como Príncipes de la Casa Borbón.
[4]  Consta jurídicamente en Las Siete partidas de Alfonso X El Sabio, Partida segunda. Título VII. Ley I, lo siguiente: “Infantes llaman en España a los hijos de los Reyes. Pues ellos deben en sí ser nobles e de buenas maneras, e sin ninguna mal estanca, por razón de la nobleza que les viene de parte del padre. E tomaron este nombre de infans, que es palabra de latín que quiere tanto decir como mozo menor de siete años que es sin pecado e sin mancilla. E por esto deben los Reyes puñar que sean sus hijos tales e amarlos mucho; e este amor debe haber por dos razones. La primera, porque vienen de él e son como miembro de su cuerpo. La segunda, que por remembranza fincan en su lugar después de su muerte para hacer de aquellas cosas de bien, que él era tenido de hacer”
[5] No existen antecedentes en la historia de España que un Rey privase a su propio hijo o hija del título de Infante.  Ni que éste conminase a ningún hijo o hija a renunciar a este título vitalicio que por derecho histórico-dinástico le corresponde y que le es inherente.  Ni siquiera ninguna de nuestras dos Repúblicas desposeyó de sus títulos, ni obligó a renunciar a sus legítimos titulares a ninguno de los hijos e hijas de Reina o Rey.
[6] Don Juan de Borbón fue informado puntualmente del trámite y fin último de ese futuro Real Decreto, por mera cortesía, al afectarle directamente el mismo y a su Augusta esposa.
[7] En este proyecto, se requirió el asesoramiento  de diversos especialistas en la materia, muy especialmente del ex Ministro Ricardo de la Cierva. De igual modo fue tutelado este asunto por el entonces secretario de la Casa de S.M. el Rey General Sabino Fernández Campo.